Una llamada inesperada

El pasado miércoles por la mañana recibí una llamada de teléfono inesperada. El móvil sonó en mi bolsillo cuando subía por las escaleras de La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, uno de esos museos que desde hace tiempo queríamos conocer y nunca encontrábamos el momento de hacerlo.

Recibo muy pocas llamadas al móvil, así que siempre me sorprende cuando suena. El número era desconocido. Supuse que se trataba de una error. Al principio tampoco reconocí la voz aunque no había duda de que mi interlocutor sí me conocía y me había llamado con toda intención.

Era Herminio, el secretario de mi instituto y presidente de una de las comisiones evaluadoras de las pruebas de acceso a ciclos de grado superior para mayores de 21 años. Comisión de la que soy secretario (un mandado, porque yo ni siquiera quería formar parte de la comisión) a propuesta del propio Herminio. Siempre creí que era una leyenda urbana el caso de aquel profesor que estaba de vacaciones en Honolulú y tuvo que regresar de inmediato porque debía firmar sin más dilación unos papeles que había dejado olvidados. En realidad, como con frecuencia nos recuerdan algunos compañeros cenizos, las famosas y envidiadas vacaciones de los maestros constan de un solo mes: el mes de agosto. En julio el profesor debe estar permanentemente localizable y puede ser requerido para alguna tarea, como formar parte de un tribunal de oposiciones. Este tipo de pensamientos se agolpaban en mi mente, estupefacto en un rellano de la escalera de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, mientras intentaba comprender cuál era el problema por el que me llamaba Herminio, qué exactamente necesitaba que yo hiciera, si podría resolverlo todo a distancia o no me quedaba más remedio que ir a Córdoba y, en este caso, cómo podría hacerlo afectando lo menos posible al calendario vacacional previsto. Esa misma tarde teníamos el billete de vuelta a Cuenca, al día siguiente, jueves, teníamos previsto el viaje en coche a Cartagena y al otro era el concierto de Wynton Marsalis, para el que compramos entradas hace semanas. Uf.

El funcionamiento de las pruebas de acceso a ciclo de grado superior para mayores de 21 años es merecedor de más de un post. En septiembre quizá me anime. Ahora estoy de vacaciones (nooooooo, que no escarmiento, que las vacaciones empiezan en agosto). Resumiendo lo indispensable: Cada año se convocan este tipo de pruebas para que todo aquel que sea mayor de 21 años y las supere, independientemente de sus estudios anteriores, pueda matricularse en algún ciclo de grado superior (antiguo FP-2, pero con más calidad, se supone. El camino ordinario para estudiar un ciclo de grado superior es aprobar el bachillerato). Este año se celebraron las pruebas en mi instituto. Se presentaron casi 1200 aspirantes (ahí también se nota la crisis). La prueba consiste en siete exámenes de los cuales los aspirantes tienen que realizar cinco. Los exámenes los manda la Delegación de Educación en sobres cerrados. Una vez celebrada la prueba, son corregidos por algunos profesores del instituto (los elegidos, aunque creo que hay algún voluntario. Hay gente pá tó) que también son responsables de su custodia. Los profesores elegidos de cada departamento se coordinan para corregir los exámenes de su especialidad, estableciendo criterios comunes de correción y repartiendo los exámenes. Hay una sesión de evaluación donde, reunidos todos los profesores elegidos de todas las especialidades, se cantan las calificaciones y se publican en los documentos oficiales.
Se abre un plazo de reclamación de dos días. Cuando concluye, se repite nuevamente todo el proceso de corrección y evaluación de las pruebas de los aspirantes que han reclamado. Se publican los nuevos resultados, modificados o no, en su correspondiente documento oficial y fin de la historia.

Pues no. Al parecer un aspirante ha reclamado a la Delegación y, como consecuencia, el inspector jefe solicita a la comisión evaluadora un informe de los criterios de evaluación y corrección de cada uno de los exámenes (recuerdo que cada aspirante ha tenido que realizar cinco) y una fotocopia de los mismos. Herminio me llamaba para pedirme que haga el informe del examen de Matemáticas. Yo no había corregido el examen del reclamante, pero los otros compañeros también estaban fuera de Córdoba y Herminio ya no sabía qué hacer. Le pregunté que para qué fecha debía estar el informe. No lo sabía. Le dije que si podía escanear el examen y mandarlo a mi email. Yo haría lo propio cuando terminase de redactar el informe.

Al final no he tenido que hacer nada. Pedro, el compañero que había corregido el examen, regresaba a Córdoba el lunes y como el inspector no había puesto fecha, en principio no era algo urgente, podía esperar un par de días. A Pedro le va a costar redactar un informe en el que justifique la calificación del aspirante. Le va a costar explicar por qué tiene un 3.5 cuando se merece un 2.7 Los exámenes han sido corregidos con una generosidad asombrosa. A muchos de los que han reclamado se les ha subido todo lo que se ha podido sin caer en injusticias flagrantes.

Aún así hay una persona que sigue reclamando. ¿Con qué motivo? Un grupo de profesionales le han corregido y calificado los exámentes por dos veces. ¿Qué reclama? ¿Realmente tiene derecho a un informe (que en realidad son seis informes, uno por cada examen y otro general) pormenorizado que justifique su calificación? ¿Qué hubiera ocurrido si los 1200 aspirantes reclaman a la Delegación? ¿Se hubieran tenido que redactar 7200 informes solo por el capricho de solicitarlos? ¿Habría que formar otra comisión en la Delegación para que leyesen los 7200 informes de la comisión evaluadora y los cotejasen con los 6000 exámenes que se adjuntan? ¿Cuánto coste supondría en horas de trabajo, folios, tóner y tinta de impresora?

Dándole vueltas a la cabeza he llegado a una conclusión: habría que crear una tasa de reclamación a modo de fianza. Me explico. Si una persona, con su propio criterio que seguro que es muy válido, considera que los profesionales que por dos veces le han corregido y evaluado han sido injustos, lo han perjudicado por error o no han realizado bien su trabajo, me parece estupendo que reclame a la Delegación. Está en su derecho. Ahora bien, debería pagar unas tasas de reclamación (igual que en su momento pagó unas tasas de matriculación para poder presentarse a la prueba). Digamos que de 40 a 60 euros. Si la Delegación, tras las pesquisas necesarias, concluye que el reclamante tiene razón, le sube la nota, le entrega su correspondiente informe y le devuelve la tasa-fianza. En caso contrario, le entrega el informe detallando el por qué de su nota y adiós muy buenas. Y los 40-60 euros, aunque no llegan a compensar los gastos generados por su reclamación, al menos sirven para que reclamen sólo los que están seguros (o mejor, creen estar seguros) de que se ha cometido una injusticia. Además, en estos tiempos de crisis, en los que se habla de subir los impuestos y reducir costes, la medida me parece de lo más oportuna.


Volvamos a las vacaciones (que nooooooo, que no me entero). Esta noche, en el auditorio Parque Torres de Cartagena, concierto de Omara Portuondo y Chucho Valdés. ¡Lo que nos queda por vivir!



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